Al
Ministerio Público
A
la Procuraduría de los Derechos Humanos
Al
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
A
la sociedad civil
A
la comunidad internacional
Las Comunidades campesinas
de Laguna del Tigre y Sierra Lacandón, dedicadas a la siembra del maíz y frijol
para sostener a nuestros hijos e hijas, desplazados de nuestros lugares de
origen, por diferentes políticas de gobiernos capitalistas quienes nos han condenado
a sobrevivir en la miseria; a pesar de ello aun soñamos con un país donde se
cumplan los derechos humanos;
UNA
VEZ MÁS QUEREMOS DENUNCIAR LO SIGUIENTE:
El abandono total del
Estado a nuestras comunidades, privándonos de los derechos más elementales, sin
preocuparse en lo mínimo por mejorar las condiciones de vida, solo nos ven para
las campañas electorales, luego no solo se olvidan sino que nos reprimen.
El control y asedio
militar que vivimos permanentemente en nuestras comunidades de Laguna del Tigre
y Sierra Lacandón, los mismos solo protegen a la empresa PERENCO, además
reprimen con detenciones extrajudiciales a campesinos que solo buscamos el
sustento para nuestras familias.
Las amenazas de desalojo
constante que sufrimos como comunidades, lo cual está afectando
psicológicamente a nuestros hijos. No parecen tiempos de paz. Así mismo
denunciamos el intento de desalojo a la Comunidad El Florido en La Laguna del
Tigre el día 3 de junio de 2015 ordenado sin cumplir el derecho de defensa, el
debido proceso y otros medios alternos de solución de conflictos.
El poco interés político
en darle una solución viable a la problemática de tierras en Sierra Lacandón y
Laguna del Tigre; solo se ha demostrado incapacidad y falta de voluntad de los
gobiernos para dialogar, para cumplir y hacer acuerdos más efectivos y con
mejores impactos en la protección del medio ambiente, debido a que no han
querido tomar en cuenta propuestas de la misma población. Se ha podido ver
mucha inversión en mano de obra que no tiene ningún impacto en la protección
del medio ambiente y se ha dejado de lado otras posibilidades existentes en las
comunidades.
La criminalización
infundada que nos hacen en medios de comunicación y la desacreditación de
nuestras formas de organización que tenemos en nuestras comunidades.
La corrupción irreparable
que vivimos por los gobiernos de turno, quienes han empobrecido
sistemáticamente al pueblo de Guatemala, además de vender al mejor postor los
recursos naturales, los cuales no significan ni son un medio de desarrollo para
el país, porque no se ven los cambios en la atención en servicios al pueblo.
Como lo sucedido con la Petrolera PERENCO y mineras del país, quienes además de
contaminar gravemente el medio ambiente y enfermar a la población, no dejan
ingresos al país y lo poco que está, es robado por estos gobiernos, a quienes
deben perseguir legalmente, en nombre del pueblo de Guatemala.
La utilización de métodos
para la división de la organización y rompimiento del tejido social de las
comunidades, así como el irrespeto a la organización comunitaria.
La complicidad del
Gobierno con actores criminales y utilización de la población como parapeto o
para lavarse las manos.
PETICIONES
Que el Estado a través de
sus dependencias y órganos descentralizados se enfoque en el cumplimiento del
bien común a toda la población, priorizando áreas más vulnerables, todo esto de
forma comprometida y sin buscar beneficiarse de estos proyectos.
Que se cancelen los
controles militares en nuestras comunidades, deben estar en las fronteras como
lo señala la ley.
Que se suspendan órdenes
de desalojo, se busque un dialogo para llegar a soluciones viables y
comprometidas con el desarrollo integral de las comunidades y en favor del
medio ambiente. Al mismo tiempo exhortamos al Estado de Guatemala a trabajar y
empeñarse en favor de la población como lo establecido en los artículos 1 y 2
de nuestra Constitución Política.
Se termine toda clase de
criminalización a nuestras comunidades, si hay criminales en las mismas que se investigue
como lo ordena la ley y a través de los
órganos respectivos.
Que se investiguen todos
los actos de corrupción y complicidad con criminales del gobierno de Guatemala
y se juzguen debidamente esos actos inhumanos, sin importar el cargo que ocupen
en el país, nadie debe ser superior a la ley.
Que se reforme la ley
electoral y de partidos políticos, no a la reelección y menos salario para diputados,
alcaldes municipales y presidentes. Gobernar no es enriquecerse, es un
privilegio que el pueblo les da.
Por un país con igualdad
para todos
Petén,
13 de junio de 2015
