Dios llora en San Juan Sacatepéquez

La noche del 19 al 20 de septiembre fue trágica en Pajoc  (San Juan Sacatepequez).  Este municipio hasta hace siete años era un paraíso.

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"Comunicado Oficial de Las Doce Comunidades Organizadas y en Resistencia de San Juan Sacatepéquez

Las Doce Comunidades Organizadas y en Resistencia de San Juan SacatepéquezAnte la opinión pública, medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y pueblos en general, en relación a la masacre suscitada el 19 y 20 de septiembre de 2014, hace saber que:

El día viernes 19 de septiembre, alrededor de las 21:45 horas, en la comunidad los Pajoques, San Juan Sacatepéquez, se escucharon detonaciones de arma de fuego, por lo que un grupo de cinco comunitarios delegados por las autoridades locales, decidieron verificar lo que estaba sucediendo. A su encuentro salieron al menos diez hombres armados, que fueron identificados como trabajadores de la empresa cementera Cementos Progreso, quienes abrieron fuego contra los comunitarios sin mediar palabra, en donde hirieron de gravedad a tres de ellos, quienes fueron trasladados a un centro asistencial, sin embargo el compañero Juan José Pajoc Chajaj murió pocos minutos después.

Las personas de la comunidad, al ver lo sucedido, decidieron acudir al lugar para entregar a la policía a los trabajadores de la empresa cementera, sin embargo éstos se dieron a la fuga y se refugiaron en una casa particular, en donde les acompañaban un grupo aproximado de 10 personas. Aproximadamente a las 22 horas personas de la comunidad llaman a la Policía Nacional Civil, para denunciar lo sucedido y pidieron presencia policial. Sin embargo, mientras esperaban la presencia de las autoridades, los trabajadores de la empresa cementera, comenzaron a abrir fuego nuevamente en contra de las y los comunitarios que rodeaban la vivienda. Seis personas más, resultaron gravemente heridas, en donde se encuentran los hermanos Hermenegildo y Francisco Pajoc Chajaj (hermanos del comunitario asesinado momentos antes) y, posteriormente fueron trasladados de emergencia al centro asistencial de San Juan Sacatepéquez, sin embargo, dos de los compañeros heridos, incluyendo a Justo Raxon Chocón de 28 años, fallecieron en la mañana del día 20, por la gravedad de las heridas provocadas por dichos grupos paralelos de la Cementera.

Ante la negativa de la policía Nacional Civil, de acudir al lugar en donde se estaba perpetrando esta masacre, las autoridades comunitarias delegaron una comisión para solicitar a la estación de la PNC de San Juan Sacatepéquez que acudieran a la comunidad los Pajoques ya que no cesaban los ataques con armas de fuego en contra de los comunitarios. Aproximadamente a las 23:45 horas la policía accedió a acompañarlos, sin embargo a pocos kilómetros de la comunidad decidieron no continuar hasta el punto argumentando que eran pocos elementos y que solicitarían más policías antimotines para poder entrar a la comunidad, sin embargo nunca hicieron presencia en la comunidad dichos elementos para tomar el control de la situación.

12 horas después, llega el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y la Procuraduría de los Derechos Humanos a verificar lo sucedido. Y 15 horas después de los hechos se presenta el Ministro de Gobernación, Mauricio López B. con la intención de decretar un estado de sitio, que finalmente el Ministro impone la presencia policiaca por 2 días y 2 noches. (sábado día y noche, domingo día y noche).

Ante estos hechos DENUNCIAMOS:

1. La falta de voluntad y autoridad de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público destacados en San Juan Sacatepéquez.

2. Que los hechos son responsabilidad total de las personas que actúan en nombre de la Empresa Cementos Progreso y la negligencia del Estado.

3. Que es una acción paramilitar con el modus operandi, aplicada durante el conflicto armado interno.

4. Que es una acción que se ha orquestado para seguir criminalizando a los comunitarios que durante muchos años ha luchado por la vida y por la tierra.

RESPONSABILIZAMOS:

1. Al Presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, por no escuchar ni atender las demandas de las comunidades que han planteado en distintas oportunidades, el rechazo del mega proyecto instalado, sin las respectivas consultas que constitucionalmente se deben de hacer.

2. Al Director de la Policía Nacional Civil, Telemaco Pérez, por no tomar las medidas necesarias, ni coordinar con las sub estaciones del área, para controlar los ataques armados en contra de los comunitarios de la comunidad los Pajoques en el momento en que se solicitó su intervención para que se apersonaran en el área.

3. Al Presidente Otto Perez Molina y al Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla por colocar los aparatos de seguridad estatal al servicio de la iniciativa privada, en este caso a la empresa Cementos Progreso.

4. Al Ministerio Publico, por ignorar la violación a los derechos humanos de la comunidad de los Pajoques, cuya acción es proteger su propiedad de la expropiación de manera obligatoria que está ejecutando la empresa CEMENTOS PROGRESO y TORANSA S.A .

5. A la Empresa Cementera: CEMENTOS PROGRESO y a la Familia Novela – Torrebiarte, por atentar contra la vida de las comunidades y emplear la violencia para desarrollar este mega proyecto que atenta contra la Madre Tierra, los recursos naturales y contra los derechos humanos de los comunitarios.

EXIGIMOS:

1. Que el Ministerio Público asuma la responsabilidad de hacer una investigación objetiva y a profundidad, de las personas que provocaron dicha masacre en la comunidad de los Pajoques.

2. A la Presidencia de la República que detenga la continuidad de dichos mega proyectos, que ha costado la sangre derramada en esta masacre.

3. A la PNC que velen por la seguridad de las grandes mayorías, en este caso, de la ciudadanía que están defendiendo los recursos naturales existentes en las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez."

“ÁREAS PROTEGIDAS”, NEGOCIOS ILÍCITOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS

Las comunidades de Laguna del Tigre, Sierra Lacandón y organizaciones de Petén, en unión con luchas a nivel nacional, una vez más queremos hacer público los atropellos que somos objeto en nuestro departamento y el país entero.

Reafirmamos que somos comunidades campesinas, colonizamos el departamento de Petén con sudor y sangre, provenientes de diferentes departamentos del país, a causa de diferentes políticas de gobiernos encaminadas al despojo de nuestras tierras para dársela a empresas.

Nos sentimos decepcionado por los gobiernos de Guatemala, porque han violado una y otra vez nuestros derechos garantizados en la Carta Magna y leyes universales, sin siquiera sentir un poco de vergüenza, al contrario continúan haciendo leyes y defendiendo intereses en favor de empresas como mineras, madereras, de comunicaciones, de derechos sobre obtención de vegetales, leyes que restringen derechos, imposición de cargas a la población, aumento de la deuda nacional, violencia al derecho a la consulta, negación del derecho a la tierra; ahí solo demuestran ser gobiernos-empresas.

Las comunidades que habitamos en Laguna del Tigre, Sierra Lacandón, reflejan las consecuencias de la injusticia que a diario se vive en nuestro país de Guatemala. No estamos ahí porque queremos destruir el bosque o contaminar el medio ambiente, como se nos criminaliza en diferentes medios de comunicación por el gobierno y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP; estamos ahí porque ya no hay otra opción, de lo contrario nuestro hijos e hijas morirían de hambre y sed, pues la tierra de donde venimos está concentrada en manos de grandes empresas.

Dejamos claro, es cierto que en las supuestas áreas protegidas se explota madera, se extraen piezas arqueológicas, se extraen animales en peligro de extinción, venta y compra de tierra y otros negocios paralelos, pero todo es en conocimiento o negociado con personas a cargo de la institución del CONAP, pues nada sale o entra sin que esté previamente negociado, desde el CONAP, MILITARES, DIPRONA y Policía Nacional Civil, eso no es un misterio aquí en el departamento de Petén, pero para evitar ser evidenciados se lavan las manos con nosotros los campesinos que trabajamos sembrando maíz, frijol, pepitoria, ajonjolí. Nos capturan o nos desalojan, para poder hacer nuevos negocios en esas áreas, como lo sucedido con las tierras del Centro Uno, La Mestiza y La Revancha. Mientras nuestras familias mueren de hambre exiliados en el mismo departamento.

Los acuerdos de cooperación que propone el Consejo Nacional de Áreas Protegidas no son viables, no garantizan el uso libre de la tierra, ni la seguridad de permanencia de la comunidad, pues quedan sujetas al cumplimiento de obligaciones que no podrán cumplirse, debido a que no se garantiza herramientas, ni lo económico para hacerlas efectivas, así mismo no se toma en cuenta la opinión de las comunidades.

Las municipalidades, como la de La Libertad, en conjunto con el CONAP y empresas vendedoras de servicios, no deben chantajear a las comunidades para firmar esos acuerdos a cambio de la energía o proyectos de infraestructura. La municipalidad tiene obligación de gestionar proyectos, pero sin buscar beneficios particulares o empresariales.

Declaramos que defenderemos estas tierras donde vivimos y las trabajaremos, pues estas tierras y sus elementos son nuestras y no de las empresas.

Por lo anteriormente expresado, EXIGIMOS:

1. RESPETO a nuestros DERECHOS HUMANOS y velar por los intereses del pueblo no de empresas.

2. Derogar leyes innecesarias como: ley de áreas protegidas, política de asentamientos humanos, Dto. 16-2004, ley forestal, ley que regula derechos sobre obtención de vegetales, ley de telecomunicaciones, ley de túmulos, ley de FONPETROL, que solo favorecen a empresas o grupos de poder económico particular.

3. Atender de forma inmediata y sin limitaciones las necesidades de la población: tierra segura para trabajar, educación, vivienda, trabajo, salud y justicia.

4. Ya No más criminalización, ni vincular a los líderes y comunidades a grupos criminales en el área; el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y municipalidades saben de sobremanera quiénes son esos grupos criminales y cómo trabajan.

5. No más capturas ilegales a campesinos como las realizadas en Laguna del Tigre y Sierra Lacandón, el pueblo ya no soporta más injusticias y abusos. Se debe dejar trabajar a la población dignamente para sobrevivir y comprometerse en buscar soluciones más eficaces. Las capturas y los desalojos no son la solución para esta problemática.

6. Atender las peticiones que sean planteadas desde las comunidades ante las instituciones. 7. Que se proporcione y garantice el cumplimiento de los derechos humanos, económicos y sociales, derechos de participación política prevista en la ley de descentralización incluyendo la formación de COCODES y Código municipal, como lo establece y exige el proceso de Paz y la Constitución Política de la República de Guatemala y convenios internacionales aceptados y ratificados en el país.

Delegación de comunidades de La Libertad y Laguna del Tigre San Andrés, Petén.

Comité central de laguna del Tigre

Consejos Comunitarios de Desarrollo La Libertad y San Andrés, Petén.

Petén, Guatemala, 18 de septiembre de 2014